Madrid: puesta a punto

A la vuelta del verano, Esperanza Aguirre avisó que esta legislatura iba a estar colmada de nuevos proyectos de infraestructuras. Grandes obras públicas presupuestadas en 7.000 millones de euros, sólo por parte del Gobierno autonómico, además de otros 2.000 o 3.000 millones al año por parte del Gobierno central. Cifras billonarias que superan en varias veces el gasto en educación y sanidad en la Comunidad de Madrid (CAM). Como viene siendo habitual, los proyectos son imaginativos y ambiciosos. Una nueva ampliación del Metro, esta vez echando más allá del municipio el horizonte de las necesidades de transporte. La continuación de las obras de la llamada Red Sur, una impresionante malla de autopistas que trazaría los caminos de la nueva expansión del sur de Madrid. El acabado de esa magnífica autopista de interés público entre Brunete y Navas del Rey conocida como M-501. Y, claro, las nuevas propuestas estrella para estos años: la conexión entre la A-1 y la A-6, la duplicación de la propia A-6 y de la A-1.

Se trata -nos dicen- de infraestructuras necesarias, imprescindibles e inevitables aunque tengan que pasar por El Pardo, por los Parques de la Cuenca Alta del Manzanares o del Río Guadarrama. Infraestructuras que permitirán que algunos madrileñitos con dinero escapen hacia las nuevas periferias virtuosas y asépticas de los paisajes serranos, y que inmobiliarias y propietarios de suelo puedan contribuir un poquito más a la riqueza regional. Eso sí, la presidentísima nos ha tranquilizado: se respetará todo lo posible el Medio Ambiente (en mayúsculas) haciendo enormes túneles si hace falta. Conviene mirar más allá del bosque, el principal beneficiario de estas obras no serán los propietarios y caciques locales (por mucha importancia que tengan a nivel municipal), las familias aburridas de la ciudad o los conductores deseosos de ganar diez minutos en sus desplazamientos interurbanos. La mayor parte de las plusvalías de estas operaciones se depositarán en las arcas de seis grupos empresariales (ACS, Acciona, Sacyr-Vallehermoso, FCC, OHL y Ferrovial) y en dos gigantes financieros (BSCH y BBVA). Un grupito de empresas que también gestiona una parte fundamental de los servicios urbanos y progresivamente de los servicios sociales, como bien se refleja en los servicios de atención a ancianos o en la sanidad (véanse los nuevos hospitales concertados).

En este sentido, Aguirre y su administración han sido ejemplos extraordinarios de que la mezquindad de lo político adquiere su clímax cuando se hace transparente. Aquí lo importante no es suplir un déficit de viviendas o de infraestructuras que no existe (Madrid tiene más kilómetros de vía rápida por habitante que cualquier otra gran ciudad europea, y el 25% de sus viviendas están vacías), sino simplemente “construir y producir ciudad”. El resultado es que el gasto público se vincula a una doble operación. Por un lado se transfieren enormes cantidades de dinero a un puñado de agentes privados, que a día de hoy son quienes proponen y ejecutan la ampliación de la ciudad. Por otro, se aplica un paradójico efecto de gobernabilidad: “Todos queremos más y mejores infraestructuras, ¿y qué puede hacer un buen gobierno sino construir obra pública? ¡Además crea riqueza, crea empleo!”.

Evidentemente, no se trata de un problema de una administración de derechas, o liberal, o ultra. El PSOE asume al 100% estos presupuestos. Su plan de infraestructuras es todo un ejemplo de sacrificio administrativo en pos de “convertir a España (en palabras del Ministerio) en el país con más kilómetros de autovías de Europa y con la mayor red de alta velocidad del mundo”.

Oportunidades políticas

¿Es posible extraer alguna consecuencia política de este pequeño cuadro de realidades? Muchas, entre ellas las siguientes.

En el ámbito del Estado español y más específicamente de la CAM, el ciclo de acumulación se soporta sobre la puesta en valor del territorio, la subordinación del gasto público a la fracción del capital compuesta por el sector financiero y las grandes constructoras y la ‘reabsorción’ de la renta familiar a través de la compra de viviendas y servicios, normalmente por medio del recurso al crédito. De este modo, la explotación se produce no sólo, e incluso no de modo fundamental, a través del trabajo directo, cuanto de la vía impositiva gestionada por las administraciones y del sobrepago por los bienes y servicios más elementales, especialmente la vivienda.

Las luchas contra este bloque de poder están ya entre nosotros y de hecho han adquirido formas extremadamente imaginativas. Sin embargo, estos conflictos han permanecido separados, ajenos unos de otros. En este sentido, lo increíble de la actual coyuntura es que la visión de conjunto pertenezca en exclusiva al bloque hegemónico. Se podría decir que estamos todavía en el estadio de las resistencias por parte de las ‘comunidades de afectados’: los ecologistas preocupados por la sierra, los vecinos de algunos pueblos, los usuarios y los profesionales de algunos servicios privatizados, etc… Pero, por paradójico que parezca, las luchas por la vivienda, por la defensa del territorio o contra la privatización de la sanidad (progresivamente en manos de las divisiones de servicios de las constructoras) son aspectos parciales de un problema que en realidad es el mismo: destituir y destruir una forma de acumulación basada en la degradación del territorio, en la subordinación de las administraciones al sector inmobiliario-financiero y en el encadenamiento de por vida al pago de una hipoteca.

En la CAM, podría ser interesante explorar una línea que ataque al consenso en torno al progreso=infraestructuras mostrando la imposible retroalimentación de este circuito sin enormes costes ambientales o sociales. Las batallas que se establezcan en torno al desdoblamiento de la A-6 o de la conexión de la A-1 y la A-6 (en la medida en que ‘tocan’ espacios emblemáticos) o la previsible reforma de la Ley del Suelo podrían ser experimentos que permitan concentrar fuerzas y conectarlas con otros puntos de conflicto que hoy tienen menos visibilidad. Igualmente, la previsible quiebra de muchas economías familiares ante el aumento de las hipotecas y la entrada de una fase económica menos expansiva, y por consiguiente de aumento del paro, puede ampliar el espectro social de la lucha por la vivienda (por ejemplo, a sectores migrantes), al tiempo que se pone en cuestión el modelo territorial y de acumulación basado en la subordinación a los intereses de un puñado de corporaciones

Emmanuel Rodriguez

Artículo publicado en Diagonal en el Nº 66.

2 Responses to “Madrid: puesta a punto”

  1. Writing and Cement – andando por las calles: walking in the streets dice:

    […] cycle of accumulation peculiar to the Spanish state, as explained by Emmanuel Rodríguez in “Madrid puesta a punto” (2009):  the commodification of land, the subordination of public spending to that fraction […]

  2. Cemento y escritura – andando por las calles: walking in the streets dice:

    […] de acumulación pecualiar al estado español, tal como lo explica Emmanuel Rodríguez en “Madrid puesta a punto” (2009):  “la puesta en valor del territorio, la subordinación del gasto público a […]

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