Políticas de la confianza para el descontrol urbano

Sergio García García

PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL PERIÓDICO DIAGONAL DEL 31 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2016

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Solemos partir de dos presupuestos a la hora de analizar el creciente control social: por un lado lo consideramos como la intensificación de la dominación de las élites sobre la población, y por otro como la extensión de la lógica de la represión mediante nuevas tecnologías. Pero este argumentario, útil como marco interpretativo de la respuesta estatal a la protesta, se desdibuja cuando vemos que mucha gente vive insegura y demanda policía para sus barrios. Nuestra reacción, entonces, es igual de previsible, pero ahora más preocupante (por la superioridad moral e intelectual que destila): “la gente está manipulada por los medios”. No entendemos que, más allá de la defensa de privilegios privados de las clases medias y altas, y del sensacionalismo mediático, la (in)seguridad juega un papel importante para los vecindarios que, en barrios periféricos y humildes -en contextos de desprotección social y comunitaria-, vive sus conflictos cotidianos en vulnerabilidad y soledad. Antes de plantearnos cuestiones abolicionistas sobre la policía y el control, hemos de reconocer que hoy por hoy, ni desde los movimientos sociales ni desde las “instituciones del cambio”, tenemos una respuesta alternativa a la gestión de los males cotidianos (conflictos de convivencia y micro-violencias predatorias).

Lo que sí tenemos es la posibilidad de reflexionar lo que (nos) ocurre en la vida urbana neoliberal y de explorar respuestas que vayan produciendo nuevos contextos y nuevas relaciones. En el plano reflexivo, conviene pararse a pensar el sentido de las políticas de control securitario y su subjetivación en el cuerpo social. Va una propuesta de lectura: los procesos de acumulación por desposesión, y sus consecuencias en forma de creciente desigualdad y pobreza (considerados “factores de riesgo” para el orden social), hacen necesaria la protección de las propiedades y las inversiones. Ordenanzas de civismo, leyes de seguridad ciudadana y privada y plantillas policiales sostenidas, persiguen la seguridad de la economía.

Pero el neoliberalismo no es solo un proceso material, es sobre todo un modo de producción cultural que pone en el centro el interés individual, el cálculo económico y la competencia. Más que la represión desde arriba, lo que tenemos que observar es cómo la seguridad es demandada y practicada desde abajo: si la competencia es el modo naturalizado de relación en una ciudad atravesada por las estructuras del mercado y las diferenciaciones identitarias que proporcionan la nacionalidad y la etnia, el otro (individual o colectivo) no es sino un rival en la lucha por recursos escasos (“les dan las ayudas… y vienen a delinquir”) o un coste que reduce mis beneficios (“devalúan el barrio”), alguien del que prevenirme, de quien no me puedo fiar. La desconfianza es a la competencia lo que la seguridad al mercado, un modo subjetivo fundamental en la ciudad neoliberal.

El repertorio actual de intervenciones y roles desborda nuestras imágenes estereotipadas sobre la policía. Policía de proximidad para ver y ser vista, análisis de riesgos a partir de los datos que proporcionan sensores tecnológicos y cámaras, charlas preventivas en colegios y centros de mayores, reuniones con vecinos y comerciantes o intervenciones urbanísticas para generar espacios defendibles, implican, además de formas de complicidad entre instituciones y ciudadanía, la colonización policial de un campo -la convivencia- arrebatado a las comunidades y a la intervención social. Y todo ello mediante una racionalidad de cálculo que no se ajusta a la idea de una policía legalista, sino gerencial: economía de la seguridad.

Es así como en el plano del ensayo de alternativas capaces de revertir los efectos de gobierno de la sociedad de control preventivo y competitivo, se nos presenta una situación menos trágica que ante la represión (no nos jugamos el cuerpo), pero a la vez mucho más compleja. Si la represión es capaz de movilizar comunidades que rompen el silencio para evidenciar la violencia estatal y de poner en marcha formas de apoyo mutuo (con mayor o menor éxito), la prevención nos pilla solos, sin una comunidad homogénea de afectación (los efectos son enormemente diversos según diferencias de clase, género, etnia, edad, color de piel, etc.), sin consenso sobre lo injusto de los efectos de la intervención preventiva (“mejor que la policía hable con la gente a que dé porrazos”) y sin prácticas de relación alternativas que cuiden y brinden la sensación de protección necesaria para dejar de demandar la intervención policial.

Abrir grietas en el dispositivo securitario consiste -más allá de procesos estructurales de igualación social- en apostar por la confianza social en espacios de anonimato y comunitarios: si la seguridad y la prevención son posibles por la desconfianza ligada a la inflación de competencia, unas nuevas políticas de la confianza deberían poner en el centro la mirada contextual, el vínculo social, la cooperación y la deliberación en torno a espacios, conflictos y problemas comunes. Se trata por un lado de aprender de la potencia de las prácticas cotidianas de habla y cuidado mutuo en los espacios públicos y comunitarios que sobreviven a pesar del proceso de individualización y creciente competencia: en nuestro contexto suponen contraconductas que desafían el régimen de verdad al explorar nuevas formas de entender el binomio libertad/seguridad. No es extraño escuchar a personas imbuidas en procesos colectivos locales o que sostienen una amplia red de relaciones, que se sienten “como en casa, libres y seguras en su barrio” (frente a la idea de libertad liberal, que considera lo colectivo como sinónimo de opresión).

Y por otro, de impulsar procesos reflexivos y espacios de decisión inclusivos que permitan rellenar el vacío que ha ido colonizando la gestión policial en el seno del movimiento vecinal y de la intervención socio-educativa. Los nuevos “ayuntamientos del cambio”, aún limitados en su agencia y observados con lupa en plena guerra cultural, pueden garantizar la existencia de esas prácticas autónomas de cuidado colectivo y sostener la creación de nuevas experiencias locales que vayan más allá, no solo de la mera eliminación de los dispositivos represivos (antidisturbios municipales), sino también de la -ya manida por la gestión neoliberal- policía preventiva. Sin cooptar y sin capitalizar dichos procesos, pero apoyando la gestión comunal de algunos conflictos con recursos.

Se trata de contraponer la confianza a la transparencia de los datos, los cuidados en calles socialmente densas a la vigilancia policial, las mediaciones naturales y socio-educativas a los nuevos roles policiales, la autogestión de los conflictos en calles y escuelas al uso instrumental de radares sociales, la comprensión del contexto social a la inseguridad subjetiva, la cultura de la no violencia a la socialización de la competencia, la creación de actividades y espacios del común a la privatización del espacio público, la inclusión de todos los implicados a la diferenciación securitaria, la democratización en consejos locales a la participación banal. Se trata en definitiva de generar procesos de autogobierno no solo de los bienes, sino también de los males, con el fin de ir desalojando el gobierno policial de lo social.

 

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