V. La crisis que viene

I. Madrid, ciudad global II. La nueva intelligentsia política III. Servicios ¿públicos?, más bien nichos de mercado IV. El territorio metropolitano: auge y caída del ciclo inmobiliario V. La crisis que viene

Durante los últimos años, la entera región madrileña se ha transformado por el impacto combinado de su ventajosa incorporación a la globalización, una espiral de crecimiento y especulación inmobiliaria que parecía no tener fin y una administración agresiva y dispuesta a diseñar la ciudad a su antojo. Los costes de lo que hemos llamado «modelo Madrid» parecen evidentes a la luz de todo lo dicho. La ciudad ha experimentado una profunda dualización social, entre aquéllos beneficiados por las «oportunidades económicas» del nuevo contexto metropolitano, y aquéllos que han tenido que conformarse a la nueva situación de empleos precarios, deterioro de los servicios públicos y endeudamiento generalizado. A su vez, la estructura económica se ha costrificado en favor de los beneficios de la oligarquía corporativa, al tiempo que se perdía una década preciosa para reinvertir los jugosos beneficios obtenidos en cimentar una economía más sostenible, mejorar la calidad de vida de los madrileños, aumentar el acceso a renta y expandir los servicios públicos. Por último, el nuevo modelo se ha basado en una acelarada destrucción de los bienes «comunes», como la sanidad, la educación y el territorio. La pendiente de este proceso de destrucción ha derivado así en una «ecología social» cada vez más frágil y en una progresiva privatización de las bases de la vida (la reproducción, el espacio público, el medio ambiente, etc.), destruyendo las conquistas sociales de décadas y aumentando los umbrales de riesgo de la mayoría.
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Conviene insistir en que este modelo se ha gestado no a partir de una mera «inhibición» del Estado, como si fuera la conclusión natural de la libertad de mercado, sino que ha sido el producto, al menos parcialmente, de las políticas de unas administraciones (tanto Aguirre como anteriores) activas y agresivas. Su presunto «liberalismo» no sólo ha requerido fuertes dosis de intervención pública, a través de la legislación y de la permanente transferencia de dinero público a unos pocos, sino también el ensayo de ciertas formas de producción de sociedad y de hegemonía social: la expansión de un imaginario individualista y competitivo; un «tonto el último» en la explotación de recursos. Una oposición seguidista e incapaz, o más bien la falta de oposición, frente a la mirada atónita de la mayoría, han hecho el resto.

Éste es el escenario en el que ha hecho su aparición el fantasma de la crisis. Y es también el marco que nos permite comprender por qué el vertiginoso crecimiento experimentado por la región madrileña en poco más de una década, lejos de haber permitido avanzar algunas iniciativas para afrontar la época de vacas flacas, sitúa a la región en una posición particularmente vulnerable. Ninguna de las administraciones públicas –estatal, autonómica o municipal– ha querido hacer frente al hecho de que un crecimiento basado en el sector inmobiliario y la construcción, y financiado gracias a unos niveles de crédito nunca vistos, era una apuesta de riesgo que más tarde o más temprano iba a terminar en batacazo. En el caso de la Comunidad de Madrid, la caída se está dejando notar con particular dureza en la destrucción de empleo, la amenaza de bancarrota para los hogares endeudados, las políticas de austeridad que amenazan con recortar aún más el exiguo gasto social y el torpedeo constante de unos servicios públicos ya bastante maltratados y cuya privatización es entendida como una posibilidad de seguir alimentando las cuotas de beneficio de la oligarquía local.

Tampoco parece que la crisis vaya a traducirse en ningún cambio de orientación del modelo. Antes al contrario, probablemente ahondará en una nueva oleada de privatizaciones y de políticas pro-crecimiento. Pero no cabe duda de que la apisonadora deja tras de sí escombros y ruinas en forma de corrupción, espionajes y bandidaje especulativo. Incluso la hegemonía inquebrantable de la administración Aguirre ha empezado a dar síntomas de debilidad. En efecto, escándalos judiciales, casos flagrantes de corrupción, malversación de fondos… han dejado al descubierto las redes clientelares y de interés que verdaderamente sostienen la arquitectura del poder en Madrid. De momento, las cadenas de mando del PP, el más puro estilo «aguirrista», han vuelto a defenderse atacando, pero quizás estemos asistiendo a la primera crisis institucional de envergadura.

De otro lado, la crisis y los graves riesgos de fractura social que conlleva pueden abrir posibilidades para un verdadero cambio de rumbo. Una constelación de pequeños conflictos, resistencias y malestares anuncian que la crisis es también una oportunidad de politización. Así las luchas de los hipotecados y los desahuciados pueden colocar en primer plano la necesidad de un derecho real a la vivienda. Las luchas por la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos pueden promover debates sobre un nuevo sentido de lo público y de defensa de lo común frente a la predación privada. Las luchas por el territorio pueden verse fortalecidas en sus argumentos ante la hecatombe del sector inmobiliario. El paro y la escasez de trabajo, incluso precario, pueden provocar reacciones insospechadas ante el modelo laboral flexible de esta estructura económica. La pérdida generalizada de renta puede promover formas colectivas de hacer frente a las necesidades comunes. Y, por supuesto, los migrantes tendrán mucho que decir ahora que se les trata como un «excedente», un resto del que se puede prescindir.

Efectivamente, cuando la insistencia en el modelo anterior es sólo la repetición del mismo reparto injusto de la renta y los recursos, la multiplicación de los conflictos que apuntan al núcleo del modelo de acumulación –vivienda, empleo y derecho a una renta garantizada, sanidad y cuidados, espacios públicos y territorio, derechos de los migrantes– se presenta como el momento crítico para la reinvención del vínculo social. La posibilidad de pensar la crisis como una coyuntura que deja al descubierto todos los planos que recorren el gobierno de la ciudad global se transforma, de este modo, en la gran oportunidad para reactualizar ese viejo «derecho a la ciudad» que animó las revueltas urbanas de los años sesenta y setenta. El acicate para una apuesta por la innovación de base y en pro de instituciones que sirvan de soporte para el desarrollo de una democracia urbana de nuevo cuño.

Lo que suceda está sencillamente en nuestras manos.

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