III. Servicios ¿públicos?, más bien nichos de mercado

I. Madrid, ciudad global II. La nueva intelligentsia política III. Servicios ¿públicos?, más bien nichos de mercado IV. El territorio metropolitano: auge y caída del ciclo inmobiliario V. La crisis que viene

Donde se da cuenta del saqueo de los servicios públicos madrileños –a través de la privatización descarada o encubierta y del deterioro del servicio–, para engrosar el ya pingüe botín de la oligarquía empresarial.

Territorio privilegiado de este revolución desde arriba, literalmente de este experimento de construcción de una sociedad nueva, perfectamente adecuada a las necesidades de la nueva oligarquía corporativa, lo han constituido sin duda los servicios públicos. A medida, efectivamente, que la máquina de explotación madrileña ha ido agotando los caladeros del crédito, el capital transnacional y el negocio inmobiliario, se han abierto nuevos nichos de mercado que, invariablemente, han redundado en un expolio de los recursos comunes. De otro lado, la transferencia de competencias a las comunidades autónomas ha puesto en manos de la administración madrileña buena parte de los activos y servicios que otrora componían las principales partidas del Estado del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Enormes partidas presupuestarias que pueden servir tanto para beneficiar a determinados agentes como para reforzar las nuevas divisiones que están abriendo en canal a la sociedad madrileña.

El negocio de la salud

Empezando por la ya afamada operación de acoso y derribo a la sufrida sanidad pública madrileña, que resiste a duras penas los embates…

El principal capítulo de este experimento, el de mayor relevancia mediática, y en el que se han producido las primeras batallas, ha sido la sanidad pública, que experimenta una época de radical transformación desde que Esperanza Aguirre tomara posesión de su cargo en 2003. La primera legislatura se inició con la promesa de construir ocho nuevos hospitales, una medida razonable en vista de la saturación de los viejos hospitales de la capital y del sur de la Comunidad. Los nuevos centros iban destinados a la segunda o tercera corona metropolitana, en zonas de deficientes dotaciones sanitarias y con demandas antiguas en este sentido.

Tras esta propuesta, se ocultaba no obstante una suculenta operación política y mediática. La mayoría de los hospitales se inauguraron poco antes de las elecciones autonómicas de 2007. Las proclamas que hablaban de uno de los «mejores modelos sanitarios del mundo», en el que los hospitales públicos ya nada tendrían que envidiar a las mejores clínicas privadas, ocultaban, sin embargo, el primer episodio de privatización de la sanidad pública.

Un episodio particularmente escabroso, que había tenido su prolegómeno unos años antes con la operación de descrédito de la sanidad pública en el conocido «Caso Leganés». La espectacular acusación a un jefe de servicio, el doctor Montes, de autorizar 300 sedaciones irregulares con resultado de muerte. Con esta campaña de derribo, además de dañar la imagen de la sanidad pública apuntando a un hospital de referencia (pocos meses después de iniciado el expediente el número de leganenses con seguro privado se había duplicado), la acusación cumplió el objetivo de «advertir» al estamento profesional de «con quién debían de habérselas de aquí en adelante», tomando como cabeza de turco a un grupo de profesionales prestigiosos y claramente contrarios a la administración. De poco sirvió que tres años después la justicia diera la razón a los acusados.

En cualquier caso, los nuevos hospitales se realizaron mediante un sistema de gestión público-privada emulado del Reino Unido y conocido por sus siglas en inglés: PFI (Private Financial Iniciative). El propósito era dar entrada a la financiación privada tanto para la construcción del hospital como para su gestión y mantenimiento. Este modelo lo habían hecho posible dos reformas legislativas aprobadas en el primer año de legislatura de José María Aznar con el voto favorable del PSOE (el Real Decreto Ley 10/1996 y la Ley 15/1997) y que concedían nuevos privilegios al sector privado en la gestión sanitaria, siempre en aras de una supuesta flexibilización y autonomía de funcionamiento de la sanidad. A través de la incorporación de inversión privada y de modelos de gestión abiertamente empresariales, se pretendía adecuar el sector a la realidad económica imperante y reducir su impacto en las arcas públicas. Ya antes se habían dado pasos importantes con la externalización de servicios básicos no sanitarios (limpieza, comida, transporte de ambulancias, seguridad, etc.).

El modo de funcionamiento y gestión de los hospitales PFI consiste en ceder a una o varias empresas la construcción, mantenimiento y contratación o subcontratación de determinados servicios sean sanitarios (como puedan ser los laboratorios) o no (como la gestión administrativa, que incluye el manejo de las historias clínicas de los pacientes). Sin embargo, el modelo de gestión PFI puede ser la antesala de un sistema completamente privado (desde la titularidad hasta la contratación de personal sanitario), que ya se está experimentando en el nuevo hospital de Valdemoro, y que se quiere implantar en otros cuatro nuevos hospitales (Carabanchel, Villalba, Móstoles y Torrejón) así como en buena parte de la Atención Primaria (réplica del modelo Fundación Jiménez Díaz/ CapioSanidas).

Desde luego, la conclusión obvia de la aplicación de las nuevas fórmulas de gestión es que las decisiones serán tomadas con criterios empresariales antes que sociales. Aunque el gerente del hospital sea nombrado por la Consejería de Sanidad, es sin embargo la empresa concesionaria o propietaria la que toma de facto las decisiones de gestión. Se supone que la calidad del servicio está garantizada por agencias de evaluación independientes y por una especie de «voto popular» donde, a través de la encuesta de satisfacción realizada a los usuarios por la propia Consejería, se construye un ranking de hospitales destinado a estimular la «necesaria» competitividad interhospitalaria. Los hospitales con mejor posición en el ranking y que atraigan más pacientes recibirán más recursos e incentivos. Estamos aquí frente a la aventurada aplicación del principio de que «el dinero sigue al paciente», que pronto se aplicará también a los centros de atención primaria una vez se establezca el área única.

La perseguida «claridad» a la hora de destinar recursos tiene, no obstante, muchos puntos oscuros: las ratios de personal por paciente son mucho menores que en los antiguos hospitales públicos; el personal sanitario está siendo «recolocado» de los viejos a los nuevos hospitales, sin que por ello se amplíe su número; los nuevos hospitales no tienen el tamaño crítico (la mayoría son demasiado pequeños) para albergar la mayor parte de las especialidades; las externalizaciones de servicios como la limpieza repercuten en una mayor incidencia de epidemias en los centros sanitarios, etc. Tampoco suele decirse que en los países pioneros de la «fórmula PFI», como Canadá o Reino Unido, este tipo de partenariado ha sido fuertemente cuestionado por usuarios y médicos, hasta el punto de que algunos centros han sido «recuperados» por el sector público y organizados según los antiguos modelos de gestión.

Más allá, sin embargo, de que la calidad del servicio de salud a los ciudadanos madrileños pueda ser un asunto relativamente banal para la administración, el punto más fuerte de la gestión concertada de la sanidad, el supuesto ahorro presupuestario, puede ser también completamente falso. La comunidad autónoma, a cambio de la delegación en las empresas concesionarias, tiene que hacerse cargo de la financiación general del hospital, que garantiza mediante el pago de un canon anual. Un canon que incluye los gastos de gestión así como el normal «beneficio» para las empresas y una parte destinada a sufragar el coste de la construcción de la infraestructura, siempre con unos intereses altísimos, durante un periodo de 30 años. El resultado de todo esto, tal y como demuestran los estudios realizados (consúltese la web de la Coordinadora Anti Privatización http://www.casmadrid. org/) es que los nuevos hospitales PFI salen más caros por paciente que los viejos hospitales de la red pública. La diferencia estriba en que lo que antes aparecía en la partida de gastos sanitarios pasa a contabilizarse como pasivo y pago de intereses.

Pero ¿tanto embrollo para un asunto puramente contable? ¿Cuáles son las razones para animar semejante reforma? El motivo es el mismo que en el caso de la obra pública en general –y en el de la reforma de la M-30 en particular–: la transferencia de dinero público al sector privado. Y también los beneficiarios son prácticamente los mismos: así, FCC y Caja Madrid se han hecho cargo del hospital de Arganda, Sacyr Vallehermoso de los de Coslada y Parla, Dragados del de Majadahonda, Acciona del de San Sebastián de los Reyes, Apax Partners del de Valdemoro, Hispánica del de Aranjuez y Begar del de Vallecas. Y no sólo del hospital, sino también de algunos servicios tan rentables como la cafetería o el parking.

De otra parte, si bien los hospitales son la parte del león de este programa de «fomento del negocio sanitario», otros experimentos se vienen sumando en áreas tan sensibles como los centros de especialidades, la atención primaria o la propia carrera médica. Así, por ejemplo, dos centros de especialidades (Pontones y Quintana) han sido ya vendidos a una entidad privada: la poderosa multinacional sueca Capio (empresa transnacional de servicios sanitarios participada principalmente por fondos de inversión), que ya posee en Madrid los hospitales Infanta Elena de Valdemoro y la Fundación Jiménez Díaz, además de otros dos hospitales privados. La privatización de estosdos Centros de Especialidades Periféricas (CEP), situados en el área sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, es simplemente parte de un contrato de colaboración por el que se deriva a esta entidad la asistencia hospitalaria urgente y programada de atención especializada, así como los diagnósticos de laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica y endoscopias de la población de 14 Zonas Básicas de Salud (400.000 personas).

Por su lado, la atención primaria, mermada en recursos y con una grave carestía de medios y personal, también está siendo objeto de una profunda remodelación. Con argumentos de tinte populista (situar a las personas en el centro de decisión del sistema sanitario, estableciendo su derecho a elegir sobre dónde y por quién quieren ser tratadas) se pretende eliminar el actual sistema de zonificación sanitaria en 11 áreas (donde cada una tiene asociados un Hospital, un CEP y varios centros de atención primaria) y pasar a un sistema área única, con un coste económico asociado de adaptación de los sistemas de información de 10,3 millones de euros (y esto es sólo el principio) y un coste social que se estima altísimo. Por un lado se separará a un buen número de pacientes de su zona de referencia, donde se tendrán que hacer la mayoría de las pruebas médicas, lo que evidentemente cortocircuitará toda comunicación entre el médico (de otra zona) y los centros de diagnóstico. Por otro, se introducen los mismos criterios de competitividad interhospitalaria en los centros de atención primaria: creación y uso de rankings e indicadores de atención para fijar los recursos necesarios de cada centro.

Por último, la formación sanitaria tampoco podía escapar a la supuesta fiebre del ahorro y la eficacia privada. Por orden administrativa, cuatro hospitales han estado a punto de albergar facultades universitarias, tres de las cuales estarían asociadas a universidades privadas como la Alfonso X El Sabio, la Francisco de Vitoria y la Universidad Europea de Madrid. En estas nuevas facultades se debía formar un cuerpo médico y sanitario con un código moral bien alejado de las posturas comunes en la práctica médica laica y moderna en materias como el aborto, los cuidados paliativos o la investigación con células madre. De momento, el rechazo del Ministerio de Educación ha impedido que esta iniciativa saliera adelante, pero tiempo al tiempo…

En conjunto, el nuevo modelo sanitario parece apuntar a un servicio público cada vez más degradado. La supuesta eficacia del sector privado en la provisión de un servicio como la salud parece limitarse al ahorro de costes, un ahorro que, como hemos visto, revierte en el beneficio de las empresas, no en los presupuestos públicos. Al mismo tiempo lo que hasta ahora había sido la garantía de la calidad del servicio, la autonomía y vocación del personal sanitario, se ve día a día erosionada por las reformas de la administración Aguirre. El resultado previsible: la conversión del sistema sanitario madrileño, que hasta hace poco era un servicio público con unos altos niveles de calidad (considerado de hecho uno de los mejores del mundo), en un servicio residual e infradotado destinado a aquellas personas y familias que no puedan asumir el coste de la atención privada.

Como no podía ser menos, serán sin duda aquéllos sin alternativas sanitarias (que la Comunidad ya reconoce con la aplicación de distintas tarjetas sanitarias) los que más sufran las consecuencias del experimento neoliberal. Pero todos, incluso aquéllos con seguros privados, padecerán el deterioro de un sistema sanitario público, que cuando se presentan enfermedades graves ha sido y todavía es la mejor solución médica.

Al borde de la crisis de la educación

…continuando con el sistema educativo madrileño, igualmente maltratado en tanto que servicio público, aunque modélico cuando se considera su tradicional papel de reproducir y ahondar esas desigualdades que, de siempre, han cimentado un cuerpo social bien jerarquizado…

Si en la sanidad la diferenciación del servicio en razón de la renta o la clase de los pacientes está siendo uno de los resultados de la política de privatizaciones, en materia de educación se podría decir que éste es directamente el objetivo. No a otro fin responde la existencia, desde hace ya décadas, de numerosas congregaciones, fundaciones y empresas que gestionan colegios de educación primaria y secundaria. La justificación de esta situación, que fue ratificada en la Transición al tiempo que se aseguraba la financiación pública de estos centros a través de la figura del «concierto escolar», apela al reconocimiento de la libre elección de la educación de los hijos. Así, los colegios concertados y privados llevan décadas provocando de facto una formación diferenciada según un criterio de clase y/o renta que, si bien generalmente no se traduce en un «mejor» nivel académico (por más que se oculte sistemáticamente, el mejor rendimiento académico corresponde a la enseñanza pública, tal y como muestran las pruebas realizadas en Primaria y Secundaria, además de los resultados de Selectividad), sí impide el encuentro durante la infancia y adolescencia de grupos sociales distintos. Esto sencillamente favorece la reproducción de las diferencias de capital social y simbólico. Por lo demás, si el objetivo declarado y el principio legitimador de la educación pública ha sido propiciar la igualdad de oportunidades, parece lógico sospechar que la externalización de servicios educativos alterará este fundamento al introducir lógicas de gestión que pasan por la maximización del beneficio económico y la atención diferenciada del alumnado.

Las transferencias en materia de educación a las comunidades han supuesto una nueva oportunidad para reforzar la segregación en la escuela. El gobierno del PP no se ha caracterizado por su discreción a la hora de apoyar la enseñanza concertada, tal y como señalan medidas recurrentes como la cesión de suelo para centros de titularidad privada, los importantes beneficios fiscales de los que gozan, la omisión de construcción de escuelas públicas en nuevos barrios, etc. De este modo, la enseñanza pública ha ido perdiendo terreno frente a la concertada y privada, hasta el punto de que Madrid es una de las pocas comunidades autónomas en las que la mayor parte del alumnado acude a escuelas de gestión privada. De hecho, en el curso 2006-07 sólo el 37 % de los alumnos escolarizados en Enseñanzas de Régimen General asistió a un centro público en el municipio de Madrid. La distribución geográfica de este porcentaje manifiesta la clara especialización social de la enseñanza pública en los segmentos sociales más desfavorecidos. Baste comparar que en el distrito de Salamanca (el tradicional barrio burgués de la ciudad), sólo el 15 % de los alumnos asistían a un centro público, mientras que en Villaverde (núcleo del sur industrial) este porcentaje se elevaba al 61 %.

La inmigración ha venido a reforzar además esta frontera de clase en materia educativa con otra de carácter étnico, que se manifiesta de forma meridiana en el hecho de que en ningún distrito existe una correspondencia entre las ratios concertado-privado-público de los alumnos nativos y aquéllos que provienen del extranjero. Así, si solamente el 33 % de alumnos nativos acuden a colegios públicos madrileños, el porcentaje de los alumnos de procedencia extranjera es casi el doble. Si se consideran los casos por distrito, teniendo especialmente en cuenta aquéllos en los que la población inmigrante no es de origen europeo, el porcentaje suele superar el 70 %. De este modo se declina la famosa «libertad de educación» esgrimida repetidas veces frente a cualquier denuncia contra los privilegios de la enseñanza concertada y privada: los padres prefieren el colegio concertado, aunque sea peor, que «mezclar» a sus hijos con pobres e inmigrantes.

De otra parte, a esta segregación se ha añadido recientemente un conjunto de nuevos dispositivos que promueven una fuerte diferenciación interna dentro de los propios centros públicos. Se trata de la diversificación curricular, las diferentes compensatorias (interna, externa, aulas de compensatoria externa, etc., que separan a los alumnos según su rendimiento y actitud) y las aulas de enlace (para una supuesta inmersión lingüística rápida) recogidas como Medidas de Atención a la Diversidad, y que se supone deberían facilitar la integración y «poner al nivel» a alumnos que por distintos motivos no pueden seguir las clases de su curso de referencia. Obviamente, lo que se observa es que una parte importante de la población inmigrante en edad escolar, así como de los chicos y chicas de los grupos sociales «menos favorecidos» y de todos aquéllos que no se comportan en clase como se espera, han acabado siendo derivados a estos servicios, convertidos ahora en una suerte de cuneta o escombrera del sistema escolar. Valga como botón de muestra que si bien en el curso 2006-07 los extranjeros sólo suponían el 12,2 % de todos los alumnos de Enseñanza General en la Comunidad, representaban el 52,8 % de los alumnos que asistían a las aulas de compensatoria.

A pesar de las buenas intenciones declaradas y de los recursos invertidos, estas medidas de atención a la diversidad parecen haber sido muy poco eficaces en términos de inclusión escolar. Pocos son los alumnos que se reincorporan a la vida escolar «normal», pocos los que reducen su absentismo, y pocos también los que sacan provecho de estos dispositivos para su inserción laboral. De hecho, en muchos casos esta diversificación conlleva la interiorización de una posición de inferioridad. La probada falta de eficacia de estas medidas induce la sospecha de si no serán otros sus objetivos reales. Por otra parte, no sólo son los grupos minoritarios –migrantes extranjeros y alumnos de bajo nivel socioeconómico– los derivados a estos servicios, sino que muchas veces las propias diferencias que, en teoría, valorizan estos dispositivos, son utilizadas como coartada para explicar el fracaso escolar, desestimando los factores socioeconómicos. En definitiva, la operación última de este modelo educativo parece ser la de convertir la segregación de etnia y clase social en un problema de nivel académico o de disciplina, soslayando las causas reales de los problemas que amenazan a una institución al borde del colapso.

Como era de esperar por todo lo dicho, la Comunidad de Madrid no sólo no ha intentado solucionar estos problemas, sino que ha creado una lista paralela de interinos para estas medidas, de lo que resulta una gran rotación laboral de profesionales y una gran falta de coordinación con los profesores «regulares». De hecho, algunos de los dispositivos de diferenciación educativa, como la Compensatoria Externa, se están subcontratando a empresas privadas, derivando así el problema al sector privado al tiempo que se genera un nuevo «nicho de negocio».

La gestión de la heterogeneidad en la escuela a través de la diferenciación por nivel apunta hacia un tipo de políticas públicas que ya no se dirigen, ni siquiera de manera formal, a un futuro inclusivo y equitativo. En conjunto, la reducción relativa del peso de los centros públicos, el trato de favor a los centros concertados y privados y la externalización progresiva de servicios produce un vaciamiento de este pilar social que es la educación pública.

La «gestión» del extranjero

…para finalizar con las audaces innovaciones que se han puesto en marcha para tratar con los infieles que llegan a nuestro territorio y con otras gentes del este y de allende los mares, y que han logrado mantenerlos aparte y garantizar unas condiciones óptimas para su rentable explotación.

Con 800.000 extranjeros empadronados, la Comunidad de Madrid es uno de los primeros centros receptores de flujos migratorios transnacionales. Como hemos visto, la enorme eficacia de la máquina de empleo madrileño ha creado en estos años algunas oportunidades para gran cantidad de migrantes procedentes en su mayoría del Sur del planeta. Y esto a pesar de unas leyes de extranjería que condicionan el acceso a cualquier derecho a la obtención de permisos de residencia y trabajo muy difíciles de obtener.

Conscientes de que la riqueza de la ciudad ha dependido en gran medida del trabajo barato proporcionado por estos nuevos residentes y de que el «futuro social» de la ciudad pasará en buena medida por ellos, Ayuntamiento y Comunidad presentaron en 2004 y 2006, respectivamente, sendos Planes de actuación para hacer frente al creciente aumento de la población extranjera. Concebidos todavía desde una perspectiva de «integración social», el Plan de Integración 2006-08 de la Comunidad (conocido como Plan Madrid) trataba de promover la implicación de la población autóctona y de la población migrante en el proceso de integración. Sobre el papel, el Plan buscaba reforzar a través de programas, actividades, cursos, campañas y estudios los recursos ya existentes en áreas tan diversas como empleo, vivienda, educación, servicios sociales, salud, opinión pública o participación. A su vez, se preveía la consolidación de los Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI), cuyas funciones vendrían a complementarse con la creación de los Centros de Participación e Integración (CEPI), concebidos como lugares de encuentro entre autóctonos y migrantes, aunque separados por nacionalidades de origen.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, presentó su I Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural, un plan innovador y ambicioso que afirmaba querer ir más allá de la mera integración de la población migrante y «perseguir el impulso y la mejora de la convivencia entre todos los madrileños». La actuación del Ayuntamiento quedaba definida en torno a tres ejes (articulación del modelo convivencial, normalización en el acceso a los recursos, e impulso y mejora de la convivencia) entre los que se distribuirían 37 dispositivos de nueva creación, aunque finalmente sólo 34 llegarían a materializarse.

Ahora bien, a pesar de las retóricas de inclusión que desde el Ayuntamiento califican a los extranjeros como «nuevos madrileños», al finalizar el periodo de cobertura de los planes, los resultados no podrían ser menos halagüeños. Todos los indicadores muestran un creciente aumento de la desigualdad entre la población española y la extranjera: los migrantes sufren invariablemente mayor movilidad laboral, mayor temporalidad (más de la mitad tienen un contrato temporal, frente a menos de un tercio de los españoles), mayores tasas de desempleo (un 16,46 % a principios de 2009, frente al 9,34 % de los españoles) y, por supuesto, salarios entre un 20 y un 35 % menores que los españoles para el mismo tipo de empleo.

Y todo esto en una atmósfera en la que, a escala europea, cada vez es más perceptible el aumento del racismo institucional (véase la mal llamada «directiva de retorno», las modificaciones introducidas por el nuevo gobierno de Berlusconi o el proyecto de la nueva Ley de Extranjería española), así como la utilización de los discursos securitarios abiertamente antiinmigrantes como moneda electoral (Sarkozy, Berlusconi, Merkel…) y la proliferación de episodios de racismo popular (como los incendios en campamentos de rumanos en el sur de Italia). En este sentido, no deja de sorprender la aparente miopía tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, que si bien en principio apostaron por un cierto principio de igualdad (entendida como el acceso a las mismas oportunidades que el resto de los madrileños) y de normalización (evitar la generación de dispositivos o prestaciones segregados de los que existen para el conjunto de la ciudadanía), finalmente han optado, en su propia evaluación de los resultados obtenidos, por limitarse a una simple cuantificación de las actuaciones realizadas. La falta, sin embargo, de cualquier análisis serio de su incidencia social real, desdeña los mecanismos de segregación socioeconómica y deja por completo de lado todo análisis cualitativo del proceso de integración y convivencia real.

En cualquier caso, conscientes o no de la ineficacia de estos planes –que en público merecen una «positivísima» valoración–, lo cierto es que en los dos últimos años se ha emprendido una política de cierres, reducciones de plantilla y cambios en las entidades gestoras. Es el caso de los 18 CASI integrados en el Plan Madrid, de los que hoy en día sólo quedan dos en funcionamiento, o de algunos dispositivos recogidos en el Plan de Convivencia del Ayuntamiento. Escuelas de formación, programas de acogida, de atención jurídica o los servicios de mediación intercultural (este último, con una trayectoria de más de once años a sus espaldas) han cerrado sus puertas en los últimos meses. Otros recursos se han librado del cierre, pero no así de reducciones de presupuesto y plantilla: así, por ejemplo, el Servicio de Traducción e Interpretación ha quedado limitado a ser un mero call-center, mientras que en el Observatorio de las Migraciones, las áreas de investigación y de participación y coordinación han quedado reducidas prácticamente a la nada. Evidentemente, los cierres o traspasos de estos dispositivos implican un claro derroche de tiempo, dinero público y capital humano materializado en infraestructuras, formación de profesionales y creación de redes sociales.

De otra parte, el nuevo contexto de crisis económica parece que va a acusar aún más estas tendencias. A medida que aumentan las desigualdades sociales y se repiten los llamamientos a «apretarse el cinturón», los riesgos económicos se van transfiriendo cada vez más a los estratos más bajos de la escala social. ¿Cuál es por tanto la lógica que subyace a estas actuaciones del gobierno autonómico y municipal? ¿Se trata de una mera reducción presupuestaria? ¿Tal vez de cambios en las entidades gestoras destinados a favorecer a las ONGs más «afines»? ¿Quizás, simplemente, cunde la insensatez generalizada?

En las últimas décadas, el ámbito de la intervención social, al igual que el de la educación o la sanidad, ha sido terreno abonado para una progresiva generalización de formas de gestión público-privada dominadas por la «lógica de mercado». La gestión de los recursos tanto del Plan Madrid como del Plan de Convivencia ha sido subcontratada a todo un abanico de ONGs, fundaciones y empresas sociales con unas condiciones laborales de absoluta precariedad: salarios bajos, contratos a tiempo parcial, inestabilidad laboral, subcontrataciones a través de empresas o consorcios, etc. De hecho, la consolidación del proceso de externalización ha conducido a una proliferación de organizaciones y asociaciones que compiten ferozmente entre sí. El Tercer Sector se ha convertido, de este modo, en un mercado de saldos. Todo lo cual redunda, como es natural, en una merma no sólo de las condiciones de trabajo sino también de la calidad de las prestaciones. En un mercado en el que sólo se valora el presupuesto más bajo, son las empresas de servicios (bajo la máscara de fundaciones o ONGs) las que acaban por quedarse con los principales contratos; se fomenta así la rápida concentración del sector al tiempo que se convierte también en otro nicho de negocio más.

En definitiva, por más que Comunidad y Ayuntamiento se enorgullezcan en presentar en términos triunfalistas lo que se han atrevido a llamar el «Modelo Madrid» de políticas migratorias y de convivencia, lo cierto es que, más que a un modelo, la realidad parece responder a unas políticas públicas que funcionan al albur de pequeños acuerdos, urgencias y necesidades concretas y no siempre previstas. Iniciativas en clave de ensayo y error: pequeñas actuaciones, móviles y flexibles, dirigidas allí donde se detectan riesgos (coyunturales o estructurales), para hacer frente a necesidades concretas (entre las que también se encuentran las electorales y propagandísticas). El coste es evidente y catastrófico: la intervención social va dejando de lado sus funciones relativas a la protección social y a la redistribución de recursos para convertirse en un «muro de contención» frente a situaciones cada vez más extremas.

Siguiente capítulo: IV. El territorio metropolitano: auge y caída del ciclo inmobiliario

I. Madrid, ciudad global II. La nueva intelligentsia política III. Servicios ¿públicos?, más bien nichos de mercado IV. El territorio metropolitano: auge y caída del ciclo inmobiliario V. La crisis que viene

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